Si bien la denuncia de irregularidades se suele abordar en el contexto de empresas o administraciones públicas, desempeña un papel igualmente importante en el sector educativo, donde estudiantes, docentes y personal pueden enfrentarse a preocupaciones éticas, mala conducta o irregularidades administrativas. Los centros educativos son entornos basados en la confianza, la responsabilidad y la rendición de cuentas pública, por lo que es esencial proporcionar canales seguros y confidenciales para denunciar comportamientos inapropiados, abuso de poder, discriminación o mala gestión financiera. La introducción de un sistema de denuncia de irregularidades en los centros educativos no solo cumple con las crecientes expectativas legales en virtud de las leyes de transparencia nacionales y de la UE, sino que también fortalece la cultura interna de la institución al ofrecer a las personas una vía estructurada y protegida para denunciar. Cuando estudiantes y educadores se sienten escuchados sin temor a represalias, es más probable que denuncien los problemas con prontitud, lo que contribuye a un entorno más seguro e inclusivo. Las plataformas digitales que ofrecen presentaciones anónimas, denuncias de voz y gestión de datos conforme al RGPD facilitan a las instituciones educativas la activación de estos sistemas sin necesidad de grandes recursos. Al promover la apertura y la responsabilidad, las escuelas envían un mensaje contundente sobre los valores que defienden (integridad, justicia y respeto), que son fundamentales para cualquier entorno de aprendizaje y críticos para generar confianza entre las familias, el personal docente y la comunidad en general.
