El Decreto Legislativo 24/2023 de Italia marca un cambio significativo en el cumplimiento corporativo, al introducir nuevas y estrictas obligaciones para las organizaciones públicas y privadas en relación con los procedimientos de denuncia de irregularidades. A partir del 30 de marzo de 2023, el decreto impuso la obligatoriedad de los canales internos de denuncia para las empresas con 250 o más empleados a partir del 15 de julio de 2023, y extendió el mismo requisito a las empresas con entre 50 y 249 empleados a partir del 17 de diciembre de 2023. Estos canales deben proteger la confidencialidad, admitir denuncias tanto escritas como orales (incluidas las anónimas) y garantizar la protección contra represalias. Las organizaciones deben acusar recibo de las denuncias en un plazo de 7 días y realizar un seguimiento en un plazo de 3 meses, con personal especializado o servicios externos que gestionen todo el proceso. El sistema también debe cumplir con las normas del RGPD, ofreciendo acceso limitado a los datos, almacenamiento seguro y eliminación en un plazo máximo de cinco años. Las empresas que no implementen sistemas que cumplan con la normativa se arriesgan a multas de hasta 50.000 €, daños a la reputación y consecuencias legales. Además de evitar sanciones, el decreto promueve una cultura de transparencia y rendición de cuentas, transformando la denuncia de irregularidades de un riesgo a una herramienta para la mejora ética y la confianza interna.
