La Directiva de la UE sobre denuncia de irregular idades se aplica a ámbitos como la lucha contra el fraude, la corrupción, la protección del medio ambiente y la seguridad de los productos. Ofrece protección a los denunciantes frente a represalias y discriminación al exigir a las organizaciones que establezcan canales seguros de denuncia interna y a los Estados miembros que dispongan de canales externos.

La identidad del informador debe permanecer confidencial y se debe proporcionar información oportuna sobre los informes. Los denunciantes están protegidos legalmente, con derecho a recursos y asesoramiento jurídico. Por último, las organizaciones deben promover la concienciación sobre la denuncia de irregularidades y se prevén sanciones para las infracciones de la confidencialidad o los obstáculos a la denuncia de irregularidades.

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