La Directiva de la UE sobre Denuncias (2019/1937) introdujo una estructura clara para la denuncia de irregularidades, dividiendo el proceso en dos vías principales: canales internos y externos. La denuncia interna permite a los empleados y colaboradores plantear sus inquietudes directamente dentro de la organización, generalmente a través de un sistema seguro y confidencial gestionado por un equipo designado o un proveedor externo. Esta vía brinda a las empresas la oportunidad de abordar los problemas con prontitud, corregir conductas indebidas y reducir el riesgo de consecuencias legales o reputacionales. Por otro lado, los canales externos se refieren a las denuncias presentadas directamente a las autoridades públicas designadas por cada Estado miembro de la UE. Estas pueden incluir organismos anticorrupción, autoridades de protección de datos o reguladores financieros, según la naturaleza del problema. Los denunciantes pueden elegir cualquiera de las dos vías desde el principio, especialmente si temen represalias o consideran que la denuncia interna sería ineficaz. Si bien la Directiva anima a las organizaciones a promover primero la denuncia interna, protege a las personas por igual, independientemente del canal que utilicen, siempre que la información sea veraz y relevante. Para las empresas, esto significa que contar con un proceso interno claro y accesible no solo es un requisito legal, sino también una forma práctica de generar confianza y reducir la probabilidad de que los problemas escalen a organismos de supervisión externos.
